BBC NOTICIAS
Lunes 02 de noviembre del 2009
ACUERDO CONTRARELOJ EN HONDURAS
Este lunes se instala en Honduras la Comisión de Verificación del acuerdo que fue firmado hace tres días para ponerle fin a la crisis política originada tras el golpe de Estado del 28 de junio.
La comisión, coordinada por la Organización de Estados Americanos (OEA), "estará integrada por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional", dice el documento suscrito por las partes.El ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, serán los miembros internacionales del cuerpo.
El gobierno interino de Roberto Micheletti nombró como su representante al empresario y político Arturo Corrales. Por parte de Manuel Zelaya, el embajador de Honduras ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Arturo Reina, se incorporará a la comisión.
Según el acuerdo, el jueves es el último plazo para conformar un gobierno de unidad y reconciliación en Honduras.
El problema es que el documento no específica quién debe presidir este gobierno ni pone fecha para la votación del Congreso sobre si se restituye o no a Zelaya en el poder.
COMENTARIO
Representantes del presidente interino, Roberto Micheletti, y del mandatario depuesto, Manuel Zelaya, han llegado a un consenso para poner fin a la crisis política en Honduras generada a partir del golpe de Estado del pasado 28 de junio, pero portavoces de Zelaya anunciaron que el acuerdo ya no era válido.
El objetivo de tal acuerdo será orientado a la creación de un gobierno de unidad, integrado por diversos sectores políticos, analizando el acuerdo con el cual se pretende poner fin a la crisis generada por el golpe de Estado contra el legítimo presidente de esa nación, Manuel Zelaya; así como el que, el Congreso decida el regreso de Zelaya, previo dictamen de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Verificación integrada por el ex presidente chileno, Ricardo Lagos Escobar, la actual Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, en compañía del secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Víctor Rico, supervisará el cumplimiento de los acuerdos que firmaron los delegados del presidente Manuel Zelaya y la comisión de las autoridades de facto, superar la crisis que se vive en Honduras.
En tal línea, a raíz de la crisis que afronta Honduras, cabe señalar la importancia de la consideración de los derechos humanos que se ven afectados por la inestabilidad del gobierno de dicha nación, dado que el campo de los derechos del ser humano, al estar fundamenta en la connatural dignidad del ser humano, debe ser entendido en razón a los derechos de los pueblos y de las naciones; basándose así, en el principio de igual respeto de todos los Estados, del derecho a la autodeterminación de los pueblos, y de la necesidad de cooperación al bien común de la humanidad; siendo así que, la paz se fundamenta no sólo en el respeto de los derechos humanos, sino, también, en el respeto de los pueblos y en el respeto del derecho a la independencia y soberanía.
CNR: COORDINADORA NACIONAL DE RADIO
Miércoles 04 de noviembre del 2009
DECLARACIÓN DE ONU SOBRE DERECHOS INDÍGENAS DEBE ESTAR EN LEGISLACIÓN PERUANA
La Comisión de los Pueblos Andinos planea citar a las autoridades de la Cancillería y el Ministerio de Justicia a fin de debatir la posibilidad de elevar a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Luego de un profundo debate en el seno de la comisión parlamentaria, la titular de esa mesa de trabajo, Elizabeth León, informó a CNR que también se proyecta invitar a los integrantes de la Comisión de Constitución para que emitan su opinión.“Lo que queremos es que no quepa duda que la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Ambiente y Ecología quiere imponer ninguna norma como el proyecto de Ley Nº 1912”, expresó.
Por su parte, la congresista Gloria Ramos, integrante de la referida comisión, opinó que el debate no debe prolongarse por más de tres semanas. “El tiempo suficiente para que las autoridades se enteren y emitan su impresión”, resaltó.
Destacó también la importancia de agregar la Declaración de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas a la legislación peruana. “Ha sido una exigencia por más de 20 años y sería importante porque el Estado tendría que implementar, en sus tres instancias de gobierno, políticas públicas como la protección de los territorios indígenas así como su visión de desarrollo tanto político como económico y social”.
Pese a la importancia del tema, ambas parlamentarias consideraron que el gobierno no cesa en dar muestras de poca voluntad respecto a mejorar la condición de los indígenas peruanos a través de las leyes.
“No reconocen los derechos de los pueblos originarios que son la base de la solución de tantos conflictos por no reconocer la interculturalidad del país. El Gobierno no tiene voluntad, sino miren el lento proceso de las mesas de diálogo y el olvido de los informes de la consulta previa que se ha presentado en mayo pero que hasta ahora no hay voluntad de debatirlo", finalizó Ramos.
COMENTARIO
El reconocimiento del valor ético de la persona es el punto fuerte de los derechos humanos; siendo ellos originarios no dependen de ninguna instancia política superior y consiguientemente son inviolables e inalienables.
Los pueblos indígenas del Perú luchan desde siempre por mantener los territorios que les pertenecen como habitantes originarios. Las formas de resistencia han cambiando a lo largo de la historia, pero el objetivo ha sido el mismo.
El incumplimiento reiterado del Estado Peruano de los derechos de los pueblos indígenas, recogidos en el convenio 169 de la OIT, originó el conflicto amazónico y fue la causa de los lamentables hechos de Bagua.
Cabe recordar que en el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU, el gobierno peruano promulgó Decretos Supremos en los cuáles se indicaba que los pueblos indígenas afectan sus derechos ancestrales sobre las tierras que habitan; lo cual motivó un paro amazónico sin precedentes que se extendió durante casi sesenta días, en los cuales los pueblos indígenas bloquearon carreteras y tomaron estaciones petrolíferas de la selva; llegando así ha culminar estas propuestas, 05 de junio en Bagua con un operativo policial que se saldó con 33 fallecidos, 23 de ellos policías.
Frente a tales hechos, es necesario esclarecer como murieron civiles y policías, y también depurar responsabilidades políticas para restablecer la confianza y acabar con el desasosiego que viven las comunidades indígenas.
